¿Puede cualquier persona acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
Para que la Ley de la Segunda Oportunidad entre en vigor es necesario cumplir una serie de requisitos.
Se trata de un mecanismo a medida para las personas físicas, permitiéndoles dejar atrás sus deudas siempre y cuando cuenten con un buen historial crediticio y cumpla los requisitos que veremos a continuación. De esta manera, el deudor podrá eximirse de responder con todos sus bienes futuros para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones (Artículo 1911 del Código Civil).
La Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta idónea en situaciones de crisis e incertidumbre económica.
Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
¿A qué nos referimos con un buen historial crediticio? El deudor, ahora declarado como insolvente, debe haber demostrado a lo largo de su actividad económica el cumplimiento de sus obligaciones de débito, y que el motivo de su insolvencia actual es debido a que atraviesa una mala situación económica.
No obstante, es necesario cumplir una serie de requisitos para que el deudor pueda acudir a dicha ley:
- No estar inmerso en un concurso culpable ni haber sido condenado por delitos económicos o sociales.
- Actuar de buena fe, siendo necesario que haya intentado una solución extrajudicial y no haya frustrado las posibilidades de pago.
- No haber acudido al beneficio de exoneración de pagos en los últimos diez años.
- Haber satisfecho los créditos contra la masa y los privilegiados, además del pago del 25 % de los créditos ordinarios. Este requisito puede decaer siempre que se demuestre que los créditos se intentaron pagar.
- Contemplar una deuda inferior a los cinco millones de euros.
Posibles vías de actuación
Acuerdos extrajudiciales de pagos
Se entiende como acuerdos extrajudiciales de pagos la renegociación de la deuda. A través de un acuerdo tutelado por un juez y con la posibilidad de la intervención de un mediador concursal. El acreedor podrá recibir pagos futuros sin que la insolvencia del deudor le perjudique de forma completa.
Estos acuerdos deben tener una duración superior a los diez años (incluyendo quitas y esperas) para hacer el pago factible.
Beneficio de exoneración (BEPI)
Como última medida o vía de actuación encontramos el beneficio de exoneración. Una vez agotadas las posibilidades de acuerdos o sean insuficientes, el deudor podrá librarse de créditos no privilegiado.
Los acreedores pueden solicitar la revocación de este beneficio cuando se utilice abusivamente la Ley de Segunda Oportunidad. En concreto:
- Cuando el deudor incurra en circunstancias que hubieran excluido la aplicación de este beneficio.
- Si incumple su plan de pagos.
- Cuando mejore su situación económica y pueda pagar sus deudas.
- O cuando se descubra la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.
El beneficio de exoneración ha facilitado la posibilidad de recurrir a mecanismos como la dación en pago.
Conclusión
Como vemos, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de comenzar una nueva vida sin deudas, teniendo en cuenta que para poder acogerse a ella, el deudor tendrá que ofrecer todo su patrimonio presente como método de pago.
Partiendo de esta base, una vez se haya liquidado el patrimonio, la opción óptima es poder alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Con el acuerdo, se realizará un plan de pagos futuros para equilibrar y liquidar la deuda.
En el caso de que la insolvencia del deudor no permita hacerse cargo de los pagos futuros, se recurrirá a un concurso consecutivo, solicitándose así, la exoneración de las deudas pendientes. Se ha de tener en cuenta que una vez se acuda a la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor, no podrá acudir a esta en un periodo de diez años.
Por ello, es importante un buen asesoramiento jurídico. Contar con abogados especializados en la materia que puedan adecuar el proceso a medida del deudor.
Escrito por: Albert Ramentol